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De los fallos disponibles se advierten las siguientes líneas principales:
- Naturaleza híbrida de la venta forzada. La Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que el remate judicial tiene una dimensión procesal —como acto del juicio ejecutivo— y una dimensión sustantiva, como compraventa que genera derechos y obligaciones entre ejecutado y adjudicatario.
- Distinción decisiva entre vicios procesales y vicios sustantivos. Los defectos del procedimiento ejecutivo deben reclamarse dentro del propio juicio y oportunamente; en cambio, los vicios de fondo que afecten la validez del negocio pueden abrir espacio a una acción de nulidad de lato conocimiento.
- Las prohibiciones y embargos pueden impedir el remate. La venta forzada no queda, por sí sola, excluida de las restricciones derivadas de embargos o prohibiciones de enajenar. Si la medida subsiste y no media autorización pertinente, la enajenación puede quedar expuesta a nulidad por objeto ilícito.
- La autorización del tribunal que decretó la medida es relevante. Cuando el tribunal que impuso una prohibición o medida precautoria autoriza expresamente la subasta, esa autorización permite realizar el remate y puede justificar el posterior alzamiento de los gravámenes que afectan al bien o derecho subastado.
- La venta forzada posee particularidades frente a la compraventa ordinaria. La representación judicial del vendedor, la determinación competitiva del precio y restricciones a ciertas acciones propias de la compraventa común configuran una compraventa sui generis.
- Control de la existencia jurídica del bien o derecho vendido. Se ha acogido la nulidad de una venta forzada cuando el objeto adjudicado no pertenecía jurídicamente al ejecutado o existía en condiciones incompatibles con lo rematado.
- Efectos sobre gravámenes. En ciertos casos, especialmente cuando la realización se dirige al pago de la obligación garantizada, la jurisprudencia ha admitido el alzamiento de prendas y prohibiciones para que el adjudicatario reciba el bien sin esas cargas.
La línea predominante, por tanto, no trata el remate como un acto puramente procesal ni como una compraventa común: lo considera una institución mixta, cuya validez exige atender tanto a la ritualidad de la ejecución como a los requisitos sustantivos de la enajenación.
Fallos representativos
Doble naturaleza del remate judicial y oportunidad para alegar nulidad procesal
Corte Suprema, Rol 7319-2009.
La Corte distingue entre la venta forzada como contrato y como actuación del procedimiento ejecutivo. Precisa que los vicios procesales que anteceden al remate deben impugnarse oportunamente dentro del juicio, mientras que los vicios sustantivos del negocio pueden ser objeto de una acción de nulidad de lato conocimiento.
Nulidad de la venta forzada por falta de objeto
Corte Suprema, Rol 10440-2017.
Se confirmó la nulidad absoluta de una enajenación forzosa cuando los inmuebles subastados no podían considerarse bienes del ejecutado al momento de la adjudicación, por existir una adquisición previa vinculada a un tercero. El fallo destaca que, declarada la nulidad, sus efectos alcanzan a quienes intervienen en el proceso ejecutivo que origina el remate.
Venta forzada como compraventa sui generis
Corte Suprema, Rol 4400-2012.
La Corte caracteriza la venta en pública subasta como una compraventa con particularidades: el vendedor es representado por el juez, el precio surge de las posturas de los interesados y existen limitaciones en materia de saneamiento por evicción, vicios redhibitorios y lesión enorme. La condición forzosa no elimina su naturaleza contractual.
Prohibición de enajenar y nulidad del remate sin autorización
Corte de Apelaciones de Santiago, 8 de enero de 2018, Rol 5755-2017.
La Corte resolvió que un vehículo afecto a una prohibición de enajenar decretada por un juzgado de garantía no podía ser rematado en un juicio civil sin autorización del tribunal que impuso la medida o del titular correspondiente. De realizarse la subasta sin esa autorización, el acto quedaría afectado por nulidad absoluta por objeto ilícito.
Embargo y medidas precautorias: la venta forzada no queda al margen de las restricciones legales
Corte Suprema, Rol 25063-2018.
El fallo afirma que la venta forzada y la tradición posterior pueden adolecer de objeto ilícito si existe una medida precautoria que afecta el inmueble. Reafirma que la noción de enajenación comprende, en este contexto, la transferencia derivada de una venta judicial.
Autorización previa para rematar y alzamiento posterior de medidas precautorias
Corte de Apelaciones de Santiago, 5 de abril de 2019, Rol 10419-2018.
La Corte estimó que las autorizaciones otorgadas por los tribunales que habían decretado prohibiciones de celebrar actos y contratos permitían tanto efectuar el remate como alzar posteriormente esas medidas, para entregar al adjudicatario los derechos subastados sin tales gravámenes.
Aplicación del objeto ilícito a la venta forzada de bienes afectados por medidas judiciales
Corte Suprema, 8 de julio de 2010, Rol 3612-2010.
La Corte sostuvo que la venta forzada no excluye la aplicación de las reglas sobre objeto ilícito respecto de bienes embargados o sujetos a medidas precautorias. Sin embargo, destaca que la autorización del acreedor o del tribunal competente puede permitir la realización de la subasta.
Purga de prenda y prohibición tras la realización judicial del bien
Corte de Apelaciones de Valparaíso, 19 de noviembre de 2025, Rol 3429-2025.
La Corte ordenó el alzamiento y cancelación de una prenda sin desplazamiento y de una prohibición de enajenar que afectaban un vehículo adjudicado en remate judicial, razonando que el producto de la realización se destinó a extinguir la obligación garantizada y que el adjudicatario debía recibir el bien libre de esas cargas.