La Corte Suprema envió al Senado su informe del proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de regular la gestación por subrogación altruista”.

El asunto fue analizado en el Pleno del 14 de septiembre de 2026 y el documento fue enviado a la presidencia del Senado, el 29 de septiembre pasado.

La Corte Suprema opina: “En conclusión, el presente informe analiza el proyecto de ley iniciado por moción que “Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de regular la gestación por subrogación altruista”, remitido por el Senado a la Corte Suprema para recabar su parecer, en lo que respecta, estrictamente, a las nuevas competencias que entrega a los tribunales de familia, que se traduce en una importante responsabilidad en el control de la legalidad del acuerdo de gestación por subrogación que regula la iniciativa, así como en la protección de quienes intervienen en él”.

“Se observa, sin embargo, falta de precisión en el proyecto de ley respecto a las funciones de la judicatura, a la que se encomienda verificar la legalidad y validez de los consentimientos, sin claridad sobre si su control es formal o sustantivo. Esta indefinición es problemática para prevenir, especialmente, la explotación económica, ya que la amplia lista de gastos reembolsables permitidos por el proyecto podría hacer muy tenue la línea entre compensación legítima e incentivo económico. Además, el proyecto carece de herramientas claras para que la judicatura evalúe la eventual vulnerabilidad de la gestante”, continúa la reflexión.

La opinión sigue: “Lo anterior lleva a concluir que la opción por la que se decanta el proyecto para velar por la legalidad de esta clase de acuerdos y por los derechos de quienes se sometan al mecanismo de gestación por subrogación altruista – particularmente de la persona gestante–, al menos en los términos actualmente propuestos, presenta complejidades que aconsejan repensar su diseño”.

“En todo caso, se previene que, de mantener radicada en la judicatura la aprobación del acuerdo en análisis debe evaluarse la necesidad de aprovisionamiento de recursos (dotacionales y financieros) que permitan al Poder Judicial asumir correctamente los nuevos retos que podría implicar, los cuales requerirán, por cierto, esclarecer las interrogantes planteadas acerca del alcance de la autorización judicial”, concluye el informe de la Corte Suprema.