El texto busca que la hipótesis de violencia de género deje de ser una calificación que llega acompañada del agotamiento de diligencias en el transcurso de la investigación, y pase a ser una pregunta obligatoria al comienzo. La idea es fortalecer la respuesta del Estado frente a este tipo de violencia, especialmente en la detección de señales de riesgo, la investigación oportuna, la protección de las víctimas y la coordinación entre las instituciones.

Dado lo anterior, busca:

Que ante la muerte violenta de una mujer o un crimen cometido en su contra, se practiquen desde las primeras horas diligencias destinadas a establecer si medió razón de género, con independencia de la calificación inicial del hecho.

Que el descarte de esa hipótesis sea siempre una decisión fundada y trazable, y nunca una omisión.

Que los antecedentes de riesgo que ya obran en poder del Estado se consulten, se conecten y se pongan a disposición de quien debe decidir.

Que ninguna decisión que disminuya restricciones a una persona condenada se adopte sin ponderar expresamente el riesgo actual para quien ya fue víctima.

Que el contexto de violencia de género o intrafamiliar sea objeto de investigación también cuando la mujer es investigada o acusada por hechos ocurridos en ese contexto.